Columna de opinión publicada el 30 de noviembre 2,023
María Andrea Cáceres
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Transformando las políticas públicas en Guatemala
El impacto de los datos abiertos en la propiedad
En Guatemala, los derechos de propiedad, un desafío constante en políticas públicas, encuentran en los datos abiertos un catalizador crucial en la era digital. Estos datos no solo protegen derechos, sino que también impulsan decisiones efectivas, introducen innovaciones alineadas con las necesidades tecnológicas, aportan transparencia, mejoran el ordenamiento territorial, así como fomentan inversión y resolución de conflictos.
La transparencia es el primer beneficio evidente. Los datos abiertos sobre propiedad permitirían al gobierno actuar con mayor transparencia, proporcionando a los ciudadanos información más accesible. Desde la perspectiva del desarrollo económico, los datos abiertos sobre propiedades simplifican las transacciones inmobiliarias, reduciendo la burocracia. Esto es crucial para atraer inversiones y fomentar la inversión.
Además, facilita la planificación urbana de los municipios. Los datos abiertos ofrecen un tesoro de información para una planificación del ordenamiento territorial de forma más informada y estratégica sobre el uso del suelo, el desarrollo de infraestructura y conservación ambiental. Además, los datos abiertos proporcionan una visión clara de la situación actual en torno a la propiedad en el país. Esto es esencial para abordar desafíos como la expansión urbana que cada día está en aumento.
Finalmente, los datos abiertos son una herramienta invaluable para resolución de conflictos. Al proporcionar acceso a información fiable, se facilita la resolución de disputas y se protegen los derechos de propiedad.
Como guatemaltecos, debemos abogar por políticas públicas que adopten datos abiertos, que representan mucho más que simples cifras. Su potencial como catalizadores de reformas legales y administrativas es inmenso. El gobierno, al utilizar esta valiosa información, tiene la oportunidad de tomar decisiones más acertadas, así como revisar y mejorar las regulaciones existentes, asegurando que respondan con eficacia a las necesidades actuales.