Columna de opinión publicada el 8 de octubre 2,026
María Andrea Cáceres
info@observatoriopropiedad.org
Lo que nos cuesta la inseguridad
El costo de proteger lo nuestro
La seguridad ocupó un lugar central en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2026, bajo el lema “A paso seguro: la seguridad integral es el camino a la prosperidad”. Una discusión necesaria en un país donde la delincuencia afecta a diario la vida y el patrimonio de los guatemaltecos.
Sus efectos van más allá de los homicidios. El comerciante que paga extorsión, el transportista que cambia sus rutas por amenazas o la familia que invierte más en proteger su vivienda muestran cómo la inseguridad limita el derecho de propiedad.
También tiene un costo económico: en el ENADE se señaló que el crimen y la violencia representan cerca del 7.7 % del PIB de Guatemala, entre gastos de protección, pérdidas por delitos e inversiones que no se concretan.
La inseguridad condiciona decisiones que deberían ser libres, desde los horarios de un negocio hasta las rutas de transporte o una inversión. El temor obliga a cambiar planes, asumir gastos y renunciar a oportunidades, así, el crimen limita la libertad de aprovechar lo construido con el trabajo.
Desde el Observatorio de Derechos de Propiedad hemos insistido en que proteger el patrimonio requiere algo más que reconocer derechos en las leyes. Se necesitan instituciones capaces de prevenir, investigar y sancionar los delitos, y dar respuestas oportunas para las víctimas. No basta con más presencia policial si las denuncias no avanzan y los responsables quedan impunes.
El desafío ahora es convertir las propuestas en resultados que se sientan en las calles, los negocios y las viviendas. Porque proteger la propiedad también significa que cada guatemalteco pueda trabajar, emprender y disfrutar de lo que legítimamente le pertenece, sin vivir bajo amenazas.