Columna de opinión publicada el 1 de octubre 2,026
María Andrea Cáceres
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Nuevas reglas penales
Su impacto en la protección de la propiedad
La prisión preventiva no es una pena, sino una medida que permite mantener privada de libertad a una persona mientras enfrenta un proceso penal, cuando existen razones que lo justifican. Recientemente, el Congreso de la República aprobó el Decreto 23-2026, que introduce cambios en la forma de sustentar esta decisión y establece expresamente que corresponde al Ministerio Público demostrar, con elementos suficientes, la necesidad de aplicarla.
Estas nuevas reglas tienen especial relevancia cuando el proceso penal involucra delitos que afectan los bienes y el patrimonio de las personas. Para las víctimas, no basta con que estas conductas estén sancionadas por la ley, también es necesario que el sistema pueda investigarlas y dar una respuesta oportuna.
A mi juicio, una mayor exigencia para justificar la prisión preventiva debe ir necesariamente de la mano con un sistema de justicia que actúe con prontitud. Elevar los requisitos sin contar con las herramientas para investigar y resolver a tiempo puede restar efectividad a la respuesta frente al delito.
Ese es uno de los principales retos de la reforma. El Ministerio Público deberá reunir los elementos necesarios para sustentar sus solicitudes y los jueces deberán analizarlos y resolver con fundamento, sin retrasos innecesarios. Para la víctima, el tiempo también cuenta.
El desafío será encontrar el equilibrio: garantizar los derechos de quien enfrenta un proceso penal, sin que las nuevas exigencias reduzcan la capacidad de respuesta frente a delitos que afectan la propiedad. Una justicia que protege derechos también debe ser capaz de responder a tiempo.