Metodología y Contenido
El Observatorio de Derechos de Propiedad, presenta la segunda edición del Termómetro de la Propiedad. En esta entrega se analiza la información estadística proveída por el Ministerio Público con ocasión de los delitos contra la propiedad inmueble que se han denunciado y judicializado desde enero de 2018 hasta diciembre de 2022.
Los delitos contra la propiedad inmueble que se contemplan en la legislación guatemalteca son:
- Usurpación
- Usurpación Agravada
- Usurpación de Áreas Protegidas
- Alteración de Linderos
- Perturbación de la Posesión
Esta entrega del Termómetro de la Propiedad contextualiza los delitos identificados con anterioridad, en cinco fases del proceso penal:
- La denuncia presentada ante el Ministerio Público por delitos contra el patrimonio.
- La desestimación de las denuncias, realizada por el Ministerio Público o solicitada por éste al juez competente, ante la ausencia de elementos probatorios para tener establecido el elemento objetivo y subjetivo del delito denunciado, y siendo los elementos de prueba recabados insuficientes para fundar una acusación en los términos requeridos por el Código Procesal Penal.
- La acusación que presenta el Ministerio Público ante juez competente requiriendo la apertura del juicio, cuando estima que la investigación por un delito contra el patrimonio proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado.
- La sentencia que se dicta por el juez competente al finalizar el debate oral y público, absolviendo o condenando al acusado.
- Las salidas alternas al proceso penal, entre las que se comprenden:
- Criterio de Oportunidad
- Conversión de la Acción Penal Pública
- Sobreseimiento
- Clausura Provisional
- Suspensión Condicional de la Persecución Penal
- Conciliación o Mediación
Partiendo de lo anterior, el II Termómetro de la Propiedad permite visualizar comparativamente la forma en la que los delitos contra propiedad inmueble se han diligenciado desde el entre 2018 y 2022, empezando con la denuncia y finalizando con una sentencia o una salida alterna.
Termómetro de la Propiedad
El análisis ofrecido por el Termómetro de la Propiedad revela una panorámica exhaustiva de la prevalencia de los delitos contra la propiedad inmueble en los últimos cinco años. A nivel nacional, se registraron anualmente un promedio de 6,290 denuncias, marcando el 2021 como el año con la cifra más elevada y 2018 como el periodo con las incidencias más bajas.
El análisis ofrecido por el Termómetro de la Propiedad revela una panorámica exhaustiva de la prevalencia de los delitos contra la propiedad inmueble en los últimos cinco años. A nivel nacional, se registraron anualmente un promedio de 6,290 denuncias, marcando el 2021 como el año con la cifra más elevada y 2018 como el periodo con las incidencias más bajas.
No obstante, al ajustar estas cifras por cada 100,000 habitantes, Sololá sobresale con un promedio anual de 75 denuncias, seguido por Huehuetenango y San Marcos con 59 y 58 respectivamente, destacando una discrepancia significativa en la incidencia de delitos.
Al desglosar las denuncias por tipo de delito, la usurpación emerge como la infracción más común, constituyendo el 38% de los casos reportados. Le siguen alteración de linderos, usurpación agravada y perturbación de la posesión.
Un análisis comparativo de las denuncias, desestimaciones, acusaciones, resoluciones judiciales y sentencias evidencia una realidad contundente: de cada 100 denuncias formuladas en el periodo evaluado, 65 son desestimadas, una avanza a la etapa de acusación, y 19 culminan en sentencia o resolución alternativa.
Esta tendencia subraya que en el 65% de los casos, el Ministerio Público opta por no proceder con la investigación. En contraposición, sólo se dictan en promedio 76 órdenes anuales de desalojo, un número que no alcanza el uno por ciento de las denuncias interpuestas. Esto evidencia una flagrante falta de ejecución de las medidas cautelares de desalojo prescritas por la ley.
Este estudio, enriquecido con una serie de gráficas detalladas, brinda una visión integral y crítica del estado actual de los delitos contra la propiedad inmueble en el país, instando a una reflexión profunda sobre las medidas legales y precautorias existentes, así como la eficacia del sistema judicial para abordar y mitigar estos desafíos.