José Fernando Orellana Wer  Coordinador de Comunicación

En el mes de junio presentamos el Termómetro de la Propiedad, como una herramienta que permita identificar qué tan efectivas son las instituciones gubernamentales en cumplir con su obligación de garantizar el derecho humano de propiedad en Guatemala.

En la edición del Termómetro de la Propiedad de este mes, analizamos específicamente los delitos que se cometen contra los derechos de propiedad inmueble y los resultados son alarmantes. En los últimos 5 años, anualmente se presenta un promedio de 3,942 denuncias por delitos contra la propiedad inmueble. Sin embargo, más que la cantidad de denuncias, lo inquietante es que por cada 100 de esas denuncias, cada año únicamente 30 logran una sentencia o una salida alterna.

Lo evidenciado por el Termómetro de la Propiedad este mes, coincide con la información presentada en el Flujograma de la Justicia Criminal para el año 2020 elaborado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). La eficiencia global del sistema de la justicia criminal del año 2020 fue 24.9 por ciento. Esto significa que, de cada 100 casos en el sistema se le dio salida a 25.

Por otro lado, según las conclusiones presentadas en el Segundo Informe de Hallazgos del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal, de acuerdo con la legislación guatemalteca, el proceso penal debería durar de 251 a 341 días. Sin embargo, actualmente, puede llegar a durar un promedio de 817 días.

Los datos expuestos nos llevan a una conclusión importante: si las grandes cantidades de denuncias que se presentan por violaciones a los derechos de propiedad no son tramitadas por un sistema de justicia eficiente y eficaz, el problema de la protección a los derechos de propiedad en Guatemala únicamente se agravará.

La normativa vigente garantiza una amplia protección a los derechos de propiedad. El problema fundamental radica en la falta de acceso a la justicia y la poca certeza de castigo que impera en Guatemala. Por falta de acceso a la justicia entendemos la circunstancia en la que los ciudadanos temen al sistema, lo perciben ineficiente, lo ven como ajeno y no acceden a él por falta de conocimiento de sus derechos, o por considerar que acceder al sistema no tendrá impacto alguno.

Para James Gwartney y Robert Lawson, los dos elementos esenciales de los derechos de propiedad son el derecho exclusivo de las personas a utilizar sus recursos como mejor les parezca, siempre que no violen los derechos de otra persona, y la capacidad de las personas para transferir o intercambiar esos derechos de forma voluntaria. Cuando un propietario no puede ejercer una de estas facultades, sus derechos de propiedad se ven vulnerados, sin embargo, si además de ello no cuenta con un sistema de justicia que le restituya rápidamente el pleno goce de sus derechos de propiedad, esta institución paulatinamente va dejando de existir hasta llegar a una anarquía, donde todos luchan por la fuerza para poseer bienes hasta que alguien más se los arrebate.

Es así como, sin duda alguna, es necesario determinar qué reformas al sistema de justicia son necesarias para garantizar el acceso a cortes eficientes e independientes que procesen con la celeridad necesaria los casos que lleguen a su conocimiento. De lograr identificar e implementar dichos ajustes, Guatemala podrá irse posicionando como un país atractivo para la inversión.

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